La decisión de tres consejales del Concejo Nacional de la Judicatura de autoincorporarse en la lista de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ellos mismos estaban elaborando para proponerla a la Asamblea Legislativa, ha generado el descontento de la comunidad jurídica y de algunos sectores de la sociedad civil. Con mucha autoridad ya se ha hablado sobre el tema, pero es necesario ahondar un poco más en las razones que generaron esta situación; y es que, pese a los intereses personales que pudieron haber mediado, existe una grave deficiencia en la institucionalidad del Estado que ha sido producida por los partidos políticos.
De acuerdo al informe del “Latin American Public Opinion Proyect” sobre la “Cultura política de la democracia en El Salvador, 2008. El impacto de la gobernabilidad”, la mayoría de las instituciones que se encuentran directa o indirectamente vinculadas a los partidos políticos, son las que de menos credibilidad gozan, destacándose entre ellas por mencionar algunas: la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal Supremo Electoral, etc. Y es que todas estas instituciones se caracterizan principalmente por realizar una gestión política, y no por cumplir con las atribuciones que la ciudadanía les demanda y que la ley les exige; sin dejar de mencionar que esta situación se agrava, debido a que en la mayoría de casos, la capacidad e idoneidad de los funcionarios nombrados están ausentes.
Lastimosamente, la posibilidad de que estas instituciones comiencen a funcionar como en un principio fueron ideadas, es decir, que sirvan de freno y contrapeso a las actuaciones de las demás instituciones estatales, es muy remota, ya que difícilmente los partidos políticos van a ceder las cuotas de poder obtenidas a la fecha, y a realizar las reformas legales que permitan reestructurar la composición y conformación de dichas instituciones.
En estos últimos días, y debido a los resultados electorales del pasado 15 de marzo, se ha hablado mucho de que nuestro país se encuentra dividido entre la izquierda y la derecha, sin embargo, puede hacerse un análisis un poco más extensivo de los resultados, y es que si bien el 60% de las personas inscritas en el padrón electoral fue a votar, un 40% no lo hizo; a este 60% habría que descontarle a aquéllos que fueron a votar por miedo, a quienes no tenían una mejor opción, etcétera; al final el resultado será que efectivamente nuestro país está dividido, pero no entre la izquierda y la derecha, sino entre quienes creen en los partidos políticos y quienes no creen en ellos.
A pesar de que sea un 50 – 50, esta situación constituye un grave problema para la gobernabilidad democrática del país, porque significa que hay una gran parte de la población que no se siente representada por los partidos políticos, inclusive aquellos que puedan tener una simpatía partidaria o que militen dentro de uno, esencialmente porque los partidos políticos han hecho un mal uso de la autoridad conferida por nosotros, sirviéndose de ella para cumplir con sus propios fines.
La Constitución de la República establece en el artículo 85 que nuestro Gobierno es republicano, democrático y representativito; el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Esto implica que, por un buen período de tiempo, los únicos con autoridad para gobernarnos serán los partidos políticos.
Por ello, los ciudadanos debemos vigilar celosamente el desempeño de los partidos políticos en el gobierno, exigirles rendición de cuentas, pero principalmente, los ciudadanos, organizados o no, estamos en la obligación de participar y brindar nuestro aporte en la elaboración e implementación de políticas públicas, porque de lo contrario, corremos el riesgo de transformar nuestra “democracia” en una partidocracia.
